ONG rechazan intentos por "controlar a la sociedad civil"
18/10/06
El Universal

Juan Francisco Alonso

Foro por la Vida y Sinergia critican la Ley de Cooperación Internacional

Por considerarlo un instrumento que atenta contra los derechos constitucionales a la participación y la organización, y que persigue controlar las actividades de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales agrupadas en torno al Foro por la Vida y Sinergia rechazaron el proyecto de Ley de Cooperación Internacional elaborado por la Comisión de Política Exterior del Parlamento. La directora del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), Deborah Van Berkel, afirmó: "Hay una tendencia a diseñar normas que, lejos de facilitar la libertad de asociación y el desarrollo de las acciones de la sociedad civil en pro del desarrollo, más bien las limita y desestimula a la sociedad civil a organizarse y a ser corresponsable del desarrollo del país". Negó que las Organizaciones No Gubernamentales busquen financiamiento externo para realizar actividades contra el Gobierno, tal y como lo han aseverado en varias oportunidades varios funcionarios públicos. "Eso responde a una visión, según la cual el Estado es un contralor de la sociedad y no la sociedad la contralora del Estado". Van Berkel mostró su preocupación por la propuesta de crear un fondo, que será administrado por el Gobierno, en el que serán depositados los recursos otorgados por organismos internacionales para proyectos para el desarrollo. "Tememos que el Ejecutivo centralice todos los recursos de la cooperación y que sea él quien los distribuya de acuerdo con sus necesidades. Eso limita nuestra autonomía", afirmó, al tiempo que abogó por mantener el sistema actual de financiamiento, a través del cual las organizaciones buscan los fondos para sus proyectos y después presentan cuentas. Por su parte, Alfredo Infante, del Servicio Jesuita de Refugiados, no objetó que el Estado desee regular la cooperación internacional, por el contrario, calificó de "legítima" esa intención. Sin embargo, demandó que el texto se ajuste a la Carta Magna y a los tratados internacionales de derechos humanos. Criticó la ambigüedad del texto y que se deje en manos del Ejecutivo, quien deberá dictar un reglamento, asuntos como los requisitos para que puedan operar las Organizaciones No Gubernamentales, alegando que eso genera "incertidumbre". Al final se mostró preocupado por el deber que tendrían de informar a "cualquier ciudadano" sobre sus acciones, recordando que muchas trabajan temas delicados como abusos policiales o lucha contra el sida. Página web:www.eluniversal.com