Sector cooperación defiende su labor frente a 'puntuales' casos de corrupción

Los recientes casos de Anesvad e Intervida han sembrado la duda sobre el funcionamiento de las organizaciones de ayuda humanitaria, pero también pueden tener efectos positivos y servir para que las ONG aumenten su transparencia, difundan más su labor y hagan que la sociedad las conozca mejor.

El pasado 8 de marzo, José Luis Gamarra, presidente de la ONG Anesvad, que trabaja en 25 países de América Latina, Asia y Africa, fue detenido por la Ertzaintza, acusado de un delito de apropiación indebida de fondos de la organización.

Además, desde hace 4 años, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona investiga a la Fundación Intervida por un posible desvío de fondos para crear empresas que no tienen que ver con los fines de la Fundación.

Desde que ambos casos se hicieron públicos, las coordinadoras y plataformas del sector no se han cansado de repetir que, aunque 'graves', son casos 'excepcionales'.

Fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) explicaron a Efe que en España estas organizaciones pueden constituirse legalmente como asociaciones o fundaciones y, por tanto, están sometidas a unas normas rigurosas que les obligan a rendir cuentas periódicamente.

Las memorias económicas y de actividades van al registro de asociaciones o al protectorado de fundaciones, según corresponda, que son las instancias públicas que velan por el cumplimiento de los proyectos y la claridad de las cuentas.

'Todos estos mecanismos hacen que pocas organizaciones tengan en España un sistema de control tan exhaustivo como el de las ONGD', subrayó Enrique del Olmo, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación.

Si además las ONGD reciben ayudas públicas de la AECI, el control es aún mayor, están sometidas a la ley de subvenciones y sus cuentas son revisadas por instituciones públicas supervisoras como el Tribunal de Cuentas.

Desde 2005, la AECI tiene un procedimiento de clasificación de ONG de cooperación que utiliza para decidir con cuáles puede establecer unas relaciones de mayor confianza y cuáles son merecedoras de recibir una subvención.

Para acceder a estas ayudas, las ONGD deben cumplir unos requisitos de solvencia, antigüedad o capacidad, entre otros, y defender la viabilidad y sostenibilidad del proyecto propuesto.

Una vez adjudicada la ayuda, la AECI hace un seguimiento de la subvención 'muy exhaustivo y riguroso', y exige a la ONGD que acredite periódicamente y con documentación 'no sólo que esos fondos se han llegado a su destino, sino que además han sido útiles para la cooperación internacional', subrayó Enrique del Olmo.

Por eso, para Del Olmo es 'absolutamente injusto' que con dos casos 'puntuales' se haya sembrado la duda sobre un sector que 'mantiene una actividad clara y ética'.

José María Medina, presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), una plataforma que aglutina a más de 416 organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional, explicó a Efe que estos 'escándalos' ocurren 'rara vez' pero tienen mucha repercusión social porque el sector de las ONG es 'uno de los más valorados por los españoles levanta muchas expectativas'.

Las ONG de esta plataforma aglutinan más del 87 por ciento de las subvenciones de la AECI y, desde hace más de una década, se rigen por un Código de Conducta que sirve de autorregulación y que constituye un ejercicio colectivo de transparencia.

Además, apuntó Merino, muchas de las organizaciones dedicadas a la cooperación en España suelen, 'como práctica habitual', enviar sus memorias anuales a sus socios y colaboradores y a las instituciones con las que trabajan, incluso, las cuelgan públicamente en sus páginas web.

Otras muchas, añadió, se someten voluntariamente a controles externos como el de la Fundación Lealtad, que cada año analiza el nivel de transparencia de un centenar de ONG según 44 criterios basados en el buen gobierno y las buenas prácticas.

Los resultados de los informes de esta Fundación concluyen que, aunque las ONG deben mejorar algunos aspectos de su gestión, no cometen irregularidades y son un sector 'transparente, sano y bien gestionado'.

No obstante, el presidente de la CONGDE recordó a Efe que los donantes tienen el derecho y también la obligación de exigir explicaciones a la organización con la que han decidido colaborar para saber exactamente en qué se ha empleado el dinero.

Fuente:Terra Actualidad
Fecha: 14/04/2007