“Sociedad civil” y capital

Francisco A. Catalá Oliveras
ESPECIAL PARA CLARIDAD

A partir de la década de 1980 cobró fuerza en países de distinto signo ideológico la idea del retorno a una democracia liberal decimonónica en la que se reduce la esfera del gobierno y en la que la vida del ciudadano gira eminentemente en torno a un mercado autorregulado y a una serie de asociaciones privadas, es decir, la “sociedad civil”. En el desaparecido campo socialista europeo la idea cobró la forma de alternativa a la descomposición de estados autoritarios. En Estados Unidos se utiliza como impugnación del llamado Estado de Bienestar y de la base fiscal que le sostiene. En ocasiones se acompaña de cierta evocación a la “democracia directa”, con la consecuente minusvaloración de los organismos representativos del gobierno, como los parlamentos o asambleas legislativas, y descrédito de los mecanismos de intermediación, como los partidos políticos. Uno de los ejemplos más citados en este orden es la experiencia del estado de California.

Howard Jarvis organizó en el año 1978 la campaña de la llamada propuesta o proposición 13 para reducir los impuestos en California. Jarvis era un millonario considerado extravagante. Todos los políticos prominentes de California en esos tiempos, incluyendo a Reagan, se opusieron. Se anticipaba que la propuesta de Jarvis fuera derrotada. Pero, ¿a quién le amarga un dulce? Ganó con un 65 por ciento de los votos. Entonces Jarvis el bufón pasó a ser Jarvis el genio político. Cinco meses después de haberse aprobado la propuesta 13, otros 16 estados celebraron consultas análogas orientadas a reducir impuestos, preludio de crisis fiscales en numerosas jurisdicciones.

El triunfo de la propuesta 13 tuvo como secuela numerosas propuestas para reducir la base tributaria y la discreción fiscal de la Legislatura y del Ejecutivo. Se llegó al extremo de que se colocó gran parte del presupuesto estatal fuera de su control, atado a requerimientos contenidos en las propuestas aprobadas por voto popular. Esto provocó una extraordinaria estrechez fiscal y un monumental disloque en las prioridades de obra pública, lo que se tradujo en deterioro de la red de carreteras, de las instalaciones eléctricas y del sistema educativo. Para el rescate los californianos optaron por elegir como gobernador a un actor musculoso de corte conservador.

Más de la mitad de los estados proveen para iniciativas ciudadanas o el mecanismo del referéndum sin tener que pasar por la “tediosa” deliberación que caracteriza a los cuerpos legislativos. En los comicios de noviembre de 2004, aparte de la elección convencional de sus representantes, muchos electores estadounidenses votaron por 162 propuestas. En once estados prohibieron los matrimonios entre homosexuales, en California derogaron una ley que requería que las empresas privadas proveyeran planes médicos a sus trabajadores, en Arizona se prohibió prestarles servicios públicos a los inmigrantes ilegales, en Alaska se impidió la legalización de la marihuana y en Florida (menos mal) se aumentó el salario mínimo.

La gran paradoja de las iniciativas ciudadanas citadas es su estrecho vínculo con el financiamiento por fortunas privadas para aprobar propuestas que sirven a intereses particulares. Son notables los multimillonarios con “inquietudes cívicas” que han utilizado estas iniciativas para aprobar sus proyectos favoritos: el financiero George Soros, el cofundador de Amway Richard De Vos, el empresario Timothy Draper, el cofundador de Microsoft Paul Allen y muchos más. Ahora se invierte más dinero en estas campañas que en el financiamiento de los partidos políticos. Se ha informado que en el año 1998 se gastaron $400 millones en estas propuestas en todo Estados Unidos. Contrástese con los $326 millones que costó la campaña presidencial (primarias y elección general) en el año 2000. En el estado de California nada más, las aseguradoras de autos gastaron $80 millones en cinco propuestas en el año 1998 y los intereses vinculados a los juegos de azar gastaron $90 millones en dos propuestas en el año 2004.

Varios estudios realizados en Estados Unidos revelan que los estados que disponen del mecanismo de legislación vía referéndum adoptan políticas más conservadoras que aquéllos que carecen del mismo. Esto ha sido así en asuntos como la pena capital y el aborto. También, en coincidencia con el programa neoliberal, las propuestas tienden a propiciar un espacio público más modesto, disponiendo reducción de impuestos y gastos y prefiriendo la imposición del pago de tarifas por los servicios gubernamentales en lugar de su financiamiento mediante una base amplia de contribuciones que además sirva de instrumento redistributivo. En muchas instancias, tanto en Estados Unidos como en otros países que cuentan con propuestas análogas, este menú se acompaña de la articulación de una ofensiva en contra de las organizaciones sindicales, sobre todo de las que representan empleados públicos.

Valga advertir que de las iniciativas ciudadanas se gestan lo mismo movimientos progresistas que reaccionarios. El problema radica en que el culto a la “sociedad civil” parte de la aversión al Estado. Por lo tanto, tiende a tomar el rumbo que dictan las coordenadas neoliberales. Para muchos de sus portavoces los villanos de la obra son el gobierno y los partidos políticos. Independientemente de cuán merecida sea la asignación de este papel en el reparto, el problema que esto suscita es que los que efectivamente detentan el poder, los protagonistas de la gestión económica, quedan al margen de la mirilla crítica. Algunos de éstos son entusiastas auspiciadores de la “sociedad civil” ya que detestan que sus proyectos se enreden en cuerpos deliberativos o en escollos reglamentarios. Así se obtiene la impresión de que los fenómenos del poder y de la corrupción pertenecen casi exclusivamente al mundo político, mientras el mundo económico se rige por leyes impecables dictadas por el mercado, especie de estado de gracia que trasciende la impureza de la política.

Algunos entusiastas de la “sociedad civil” postulan la democracia directa para superar los vicios de la política y darle el poder al “pueblo”. Olvidan, sin embargo, que uno de los rasgos de la democracia directa es la indefensión en que quedan las minorías ante las decisiones de las mayorías. Por este camino es que suelen triunfar los demagogos, manipuladores de masas que aprueban por aclamación lo que rechazarían divididos en grupos, en instancias representativas de carácter deliberativo o como individuos.

El poder del capital es tal que dicta buena parte de la agenda del debate público. No se trata, como muy bien enseñara el viejo Karl Marx (poco citado últimamente), de una conspiración que llevan a cabo personas perversas. Simple y llanamente es consecuencia de la estructura y de la lógica de un particular sistema de relaciones sociales. Por eso estimamos revelador y preocupante que se invoque a la “sociedad civil”, categoría lastrada de ambiguedades, con la misma retórica y, en ocasiones, con las mismas propuestas que caracterizan al neoliberalismo, programa nada ambigüo que impugna al Estado, privilegia al capital y resume en el mercado toda relación social.

* El autor es economista y miembro de la Junta Directiva de Claridad.

Fuente: Claridad